¿Qué son los incentivos a la conservación?

Francisco Alberto Galán Sarmiento, director ejecutivo Fondo Patrimonio Natural

El  término incentivos a la conservación es un concepto que comprende una variedad de instrumentos económicos, financieros y normativos en general, cuya finalidad es lograr un cambio en el comportamiento de los actores económicos y sociales, con un propósito asociado a algún objetivo de manejo del territorio con fines de preservación de la naturaleza.

Algunos de los instrumentos que abarca son: pagos directos en efectivo o en especie, exenciones tributarias, diversos tipos de asistencia técnica, apoyo a procesos organizativos, compras con precios de sustentación, priorización de inversión en zonas o para poblaciones, subsidios de diversa índole, reconocimiento de derechos de propiedad, entre muchos otros. Pueden ser transferidos en forma directa o mediante decisiones de gestión que conduzcan al tipo de comportamiento esperado de parte de los individuos o las comunidades. 

Es posible generar incentivos mediante apoyos individuales o a través de procesos que beneficien a colectivos, de manera que se consiga un cambio en las conductas de tales grupos de población. La temporalidad de los incentivos es otra variable importante que implica valoraciones, papeles del Estado y compromisos de los particulares y de los mercados en general.

Cabe preguntarse por qué y cuándo surge la necesidad de establecer incentivos que motiven cambios de comportamiento en los individuos y las organizaciones sociales que contribuyan con los propósitos y objetivos de conservación trazados, sobre la base de una variedad de criterios de valoración de la naturaleza. 

Las siguientes circunstancias generales ilustran la necesidad de crear o afianzar las condiciones generales (organizativas, financieras, culturales, legales) que propicien comportamientos deseables en los actores sociales: 

1. Las dinámicas propias de la economía que no reconocen valoraciones más amplias de la naturaleza respecto de sus beneficios a la sociedad.
2. La falta de incorporación de los efectos ambientales negativos causados por los procesos productivos y su consideración en los costos de producción.
3. La necesidad de compensar inequidades en la sociedad, condición indispensable para revertir y bajar las presiones económicas sobre la naturaleza.
4. La existencia de conflictos socioambientales de diverso tipo, cuya superación exige acciones complementarias a las de comando y control por parte de las autoridades.
5. La necesidad de conseguir transformaciones en las prácticas productivas que conlleven cambios culturales significativos respecto de las actitudes de comportamiento frente a la naturaleza.
   
6. En general, el interés de fortalecer o potenciar políticas e instrumentos de gestión que presentan insuficiencia del efecto esperado y cuyo desarrollo o efectividad se puede ver beneficiado mediante la aplicación de algún tipo de incentivo.

En Colombia se cuenta con una amplia experiencia en este campo, a través de diversas modalidades de incentivos planteados en los instrumentos económicos y financieros existentes en el campo ambiental y en el de la conservación en particular. A su vez, en el sector agropecuario y en el tributario en general, se han establecido una gran variedad de incentivos, incluidos los relacionados con la política ambiental.

No obstante este potencial, en la práctica el país ha mostrado limitados efectos en cuanto al desarrollo y continuidad de los incentivos, considerando la magnitud  de las necesidades. Por lo general, el diseño de los incentivos y de los instrumentos que los pueden hacer viables, se ha visto afectado por acciones de cabildeo que han limitado en gran medida la efectividad de éstos. En este sentido, una labor importante es la revisión y el ajuste de los mecanismos contemplados para su financiación.

La viabilidad del desarrollo de incentivos a la conservación depende de factores generales como:

• Su pertinencia dentro de un conjunto de instrumentos de gestión del territorio, a los cuales se debe articular.
  
• La adecuada escala de intervención respecto del objetivo, posibilidades y magnitud deseada de impacto, en tanto que la extensión del incentivo a grupos poblacionales más amplios puede favorecer su consolidación como herramienta de manejo del territorio y de cambio de las prácticas productivas, y a la vez, puede permitir economías de escala que aumenten la efectividad de los instrumentos planteados.
• Su adecuado diseño, teniendo en consideración la variedad de factores que determinan y condicionan su efectiva puesta en marcha.
• Lo anterior requiere una adecuada disponibilidad, uso y análisis de información, de tal manera que el diseño considere las particularidades ambientales, sociales, económicas y culturales propias de contexto donde se plantea aplicar el incentivo.
• El sentido de apropiación que se consiga generar en los receptores del incentivo, en relación con los objetivos de conservación que se busque apoyar.
• El compromiso  de los actores institucionales que tienen a cargo el desarrollo de instrumento de manera articulada a los programas de manejo y gestión del territorio.
• El montaje de rigurosos y efectivos sistemas de seguimiento y monitoreo, que permitan evaluar la efectividad e introducir los ajustes que se pueda requerir para el mejor alcance de los objetivos.                            

La consideración y entendimiento de los anteriores factores es fundamental respecto del incentivo a aplicar o el conjunto de ellos. Esto permite proyectar mejor el alcance esperado y diseñar con mayor acierto lo que se pretende desarrollar, conociendo las restricciones que puede tener el incentivo y previendo las vías para solventar dichos condicionantes.